El tratamiento asertivo mejora la efectividad de los tribunales de salud mental

Cárcel

El sistema judicial y el de salud mental mantiene un dialogo con frecuencia confuso al decidir sobre los casos de personas con trastorno mental grave que cometen una infracción o un delito.

Estados Unidos quiere establecer un punto de encuentro a través de los tribunales de salud mental (Mental Health Court, MHC), cuyos objetivos son terapéuticos más que punitivos.

Aclarar si una persona tiene alteradas sus facultades al cometer el delito puede suponer que en vez de cárcel se adopten medidas de seguridad
Los equipos de tratamiento asertivo comunitario (TAC) contribuyen a que dichos tribunales alcancen sus propósitos. La situación del paciente con trastorno mental grave en el sistema judicial y las implicaciones del tratamiento asertivo comunitario han sido el objeto de la ponencia de Luís Bastida, psiquiatra del equipo de tratamiento asertivo comunitario de Oviedo y consultor del centro penitenciario de Villabona, en el VII Curso de Actualización sobre Tratamiento Asertivo Comunitario en Salud Mental, en Avilés.

La población reclusa con algún tipo de trastorno mental grave ha aumentado en los últimos años. Bastida se ha referido a la difícil conversación que mantienen el sistema judicial y el de salud mental, con terminología no compartida. Por ejemplo, la definición jurídica de trastorno mental transitorio “no es recogida en las guías habituales de diagnóstico de trastornos en salud mental”. Además, los objetivos del sistema judicial y los de salud mental son en ocasiones opuestos. Para paliar esta situación Estados Unidos ha desarrollado los tribunales de salud mental.

Respecto a la situación en España, Bastida aludió a las dificultades de los forenses para determinar el estado psicopatológico de la persona en el momento de cometer un delito.

Matiz con efectos
La determinación de si una persona presentaba una anomalía que alteraba sus facultades cognitivas o volitivas en el momento de la comisión de un delito puede dar lugar a que en vez de una pena de cárcel se le impongan medidas de seguridad.

El problema es que los dos centros disponibles en Sevilla y Alicante para el cumplimiento de las medidas de seguridad que dan lugar a privación de libertad “suelen estar saturados, lo que ocasiona que la persona suela acabar en algún psiquiátrico o en la cárcel”. El internamiento del paciente con trastorno mental grave que ha cometido un delito en un centro penitenciario “suele recrudecer el problema. En las prisiones los internos con patología reciben tratamiento, pero habitualmente la terapia se interrumpe cuando la persona sale en libertad, lo que tiende a provocar empeoramientos en su patología y/o reincidencia delictiva”.

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